Una coalición de gobiernos estatales y locales, liderada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, se unió para demandar al presidente Donald Trump y su esfuerzo de excluir a los indocumentados del censo 2020.

A Nueva York se sumaron 19 estados y ciudades, como Colorado, Massachusetts, Carolina del Norte y Pensilvania, así como Chicago, Filadelfia, San Francisco, Seattle y Washington, D. C.

La queja se centra en las consecuencias negativas en cuanto a derechos para las comunidades donde viven estos inmigrantes.

“Si los demandados logran excluir a los inmigrantes indocumentados de la distribución, algunos demandantes sufrirán daños graves a sus derechos más básicos bajo la forma representativa de gobierno de nuestra Constitución: perderán indebidamente uno o más miembros en la Cámara de Representantes y uno o más electores correspondientes en el Colegio Electoral”, se lee en la queja.

El miércoles pasado, el presidente Trump firmó un memorando para ordenar al Departamento de Comercio la exclusión de los indocumentados en el conteo del censo.

“Mi administración no apoyará la representación del Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema de gobierno”, defendió Trump.

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