Foto: @TPS_Alliance

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito avaló al Gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Termporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, que afectará a unos 300,000 inmigrantes y sus familias.

En 2017 y 2018, la administración Trump anunció que terminaría la designación de TPS para Sudán, Nicaragua, El Salvador y Haití. Pero en 2018, el juez de distrito de Estados Unidos, Edward Chen resolvió impedir que la administración pusiera fin al TPS, esa decisión es la que anuló la Corte de Apelaciones estadounidense.

Además de los más de 300 mil inmigrantes amparados bajo el TPS, la decisión judicial podría incidir también sobre más de 200 mil menores de edad nacidos en territorio estadounidense.

Según datos del Foro Nacional de Inmigración (NIF, en inglés), se benefician 195,000 salvadoreños, 57,000 hondureños, 46,000 haitianos, 5,800 sirios, 2,550 nicaragüenses, y 1,250 yemeníes, entre otros.

Terminar con el programa costaría a Estados Unidos US$45,200 millones de dólares en PIB durante una década.

Según el Centro de Estudios Migratorios y el Centro para el Progreso Americano, los originarios de El Salvador, Honduras y Haití tienen el empleo de fuerza laboral más alto con tasas que varían del 81 al 88%.

La mayoría de los titulares son parte de industrias que incluyen la construcción, los servicios alimentarios y restaurantes, servicios de jardinería, cuidado infantil y tiendas de abarrotes.

Si los titulares de TPS ya no pueden renovar sus permisos de trabajo, los empleadores perderán un total de $967 millones de dólares en costos de facturación que afectará Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia, principalmente, indica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

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